PRESIDENTE
DE
LA
DIPUTACIÓN DE ZAMORA
FRANCISCO MOLINA MARTINEZ, Diputado
Provincial de Zamora en representación de
IZQUIERDA UNIDA y en referencia al próximo Pleno presenta la siguiente
MOCIÓN
DE URGENCIA
|
El Pleno de
Censurar la absoluta irresponsabilidad de los
Diputados:
Don Fernando Martínez –Maillo Toribio (Presidente
de la Diputación de Zamora).
Don José Luis Prieto Calderón
Don Manuel Vega Espinosa
Doña Maribel Escribano Hernández
todos del Partido Popular
Por haber aprobado en sesión de Junta de Gobierno,
de la que son miembros, “las bases que regirían la convocatoria para la
elaboración de una bolsa de empleo con la categoría de Técnico para la
identificación de oportunidades de dinamización económica” EXISTIENDO
INFORMES TECNICOS EN CONTRA QUE AFIRMABAN QUE NO CUMPLIAN LA LEGALIDAD VIGENTE.
Declarar así mismo a estos Diputados como únicos
responsables de cualquier tipo de indemnización económica a la que tuvieran
derecho las 7 personas que, según esas bases, creyeron obtener el derecho al
puesto de trabajo e incluso llegaron a firmar el contrato correspondiente y
elegir destino, siempre siguiendo al pie de la letra lo que se le sindicaba
desde la institución convocante; la misma que ahora declara nulo el proceso.
|
RAZON
DE LA PROPUESTA
1.-
En la Junta de Gobierno del 11 de Septiembre del 2014, según consta en el acta
correspondiente, los citados Diputados encabezados por el Presidente de la
Diputación, votan a favor de unas bases contra las que había una advertencia de
ilegalidad.
2.-Eso
en si ya es gravísimo, pero encima el asunto se complica al máximo, hasta el
punto de que 7 personas creyeron haber obtenido un puesto de trabajo, tras
superar determinadas pruebas y añadir a sus notas sus méritos; puesto de
trabajo que duraría 11 meses. Incluso llegaron a firmar su contrato con la
Diputación y eligieron destino en la provincia, y ahora les dicen que no pueden
ser contratadas.
3.-Todo
ocurre porque:
i)
A pesar de que estos Diputados fueron
consciente en todo momento que el método de selección no era legal ya que sólo
podían presentarse al examen quienes estuvieran inscritos en el ECyL como
demandantes de empleo, cuando sin embargo, al no tratarse de un Plan de Empleo,
la convocatoria debió estar abierta a todo titulado que hubiera querido optar a
dichas plazas.
ii).-
Ante esta circunstancia, y con grave irresponsabilidad del equipo de Gobierno
del PP, se siguió para adelante a pesar de saber las consecuencias que podría
tener la ilegalidad del proceso si se culminaba.
iii)- Y ocurrió lo que no esperaban, que La Asociación de Agentes de
Desarrollo Local de Castilla y León (Fadecyl) presentó un recurso contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno que aprobó las bases citadas..
iv).- El
recurso de Fadecyl entiende que "existen indicios evidentes" de que
dicho acuerdo "no se ajusta a
derecho, provocando indefensión y vulnerando principios básicos del
ordenamiento jurídico: igualdad de oportunidades, mérito, capacidad, objetividad,
publicidad, transparencia, participación, entre otros".
v).-En
consecuencia, solicita la nulidad del
acuerdo "por contener disposiciones contrarias a la legislación vigente,
manifiestamente arbitrarias y discriminatorias en el proceso de selección de
candidatos, sin descartar una presunta desviación de poder".
4.- Encima
el recurso de Fadecyl apunta que el
acuerdo de la Junta de Gobierno se aprobó "a pesar del informe de
ilegalidad emitido por el jefe del Servicio de Personal de la Diputación, incumpliendo
plazos, requisitos, condiciones y criterios".
5.- Por
tanto, el PP se encuentra con que el recurso debe ser admitido a trámite
dándole la razón al recurrente.
6.-Es
decir el mismo Presidente que permitió y consintió emprender la vía de la ilegalidad
ahora debe aceptar un recurso que denuncia que aquello era ilegal, por lo que
opta por anular los nombramientos al haber sido nulo el proceso ya que estaba
viciado desde el inicio.
7.- Pero ocurre ahora que hay 7 personas
seleccionadas para ocupar 7 puestos durante 11 meses, personas que sin culpa
alguna pueden ver frustradas sus expectativas, creadas por una irresponsable
conducta del Equipo de Gobierno que desoyó los informes técnicos.
8.-Por tanto tal vez estas personas
tengan derecho a una reparación material ante los tribunales.
9.- Y es por ello por lo que el
pleno debe determinar que si así acaba siendo, sean ellos, los que obraron
irresponsablemente, quienes paguen de su bolsillo dicha indemnización.
NOTA :
Entiendo que esta moción no puede ser votada por los directamente afectados,
pue serían juez y parte
Zamora 31 de Octubre del
2014
