PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACIÓN DE ZAMORA
FRANCISCO MOLINA MARTINEZ, Diputado Provincial
de Zamora en representación de IZQUIERDA
UNIDA y en referencia al próximo Pleno presenta la siguiente
MOCIÓN
DE URGENCIA
|
El Pleno de
Manifestar ante todas los Parlamentos Autonómicos
y las Cortes del Reino de España, así como a su Gobierno, el más absoluto
rechazo a la privatización de los Registros Civiles.
Comunicar esta decisión al Gobierno de España, a
los partidos representados en las Cortes Españolas y a la Sociedad en General
|
RAZON
DE LA PROPUESTA
LA MAGNIFICAMENTE EXPUESTA EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO:
LA CÁTEDRA COMPLUTENSE “MEMORIA
HISTÓRICA DEL SIGLO XX” RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y ALERTA DE
LOS RIESGOS QUE CONLLEVARÁ PARA LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
1.-La CCMHSXX manifiesta su enérgico rechazo a la privatización
del Registro Civil, cuya
gestión se sustraerá a los juzgados y funcionarios judiciales para
pasar a manos de los
registradores de la propiedad mercantil. Lo anterior, según el
Decreto 8/2014, de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 5.7.2014).
2.-El Ministro de Justicia del Reino de España, Alberto Ruiz
Gallardón, siguiendo las pautas de su partido, mantiene así su pertinaz
política de privatizaciones, aún a riesgo de poner en peligro la normalidad y
la viabilidad de los servicios públicos más básicos. Desde la alcaldía de
Madrid ya lo hizo con la gestión del Padrón y del Registro Municipal, entre
otras muchas actuaciones en la misma dirección, con tal “eficiencia”
privatizadora que dejó casi todos los asuntos locales en manos de empresas
amigas.
3.-Ahora plantea reformas de calado en los registros: inventariar
y describir los libros antiguos, para lo que se ha contratado al Corte Inglés,
y crear un gran fichero informatizado, único para toda España, donde se harán
los apuntes en lo sucesivo.
4.-Se espera que los registradores –futuros encargados de su
gestión– contribuyan a financiar el programa informático ad hoc. Pero,
al no poder cobrar sus servicios al público, se entenderá que manifiesten su “absoluta
disconformidad” con los planes ministeriales.
5.-Tampoco están de acuerdo los sindicatos ni los trabajadores
afectados, en especial los contratados temporalmente. En la actualidad, son más
de 5.000 trabajadores trabajando en 440 juzgados, que serán sustituidos por
unos cien registradores en solo sesenta oficinas.
6.-El Ministerio de
Justicia asegura que la informatización del sistema compensará de sobra tan
tremendo desequilibrio.
7.-Más allá de los problemas técnicos y laborales que pueda
generar el mencionado proyecto, este suscita múltiples preocupaciones por la
masiva trasferencia de datos personales desde lo público al mercantil.
8.- La búsqueda de rentabilidad económica del “derecho a la
información” será su consecuencia más directa. La gravedad de tal medida es
clara: la venta de la información más básica de la vida personal y familiar de
todos los ciudadanos y ciudadanas.
9.-Esta decisión política, junto con la aprobación de la conocida
como cuestionada “Ley de Transparencia” (Ley 19/2013) y vaciamiento total de la
“Ley de Memoria Histórica” (Ley 52/2007) en la presente legislatura, evidencian
la ausencia de cualquier tipo de sensibilidad democrática por parte del actual
Ejecutivo.
10.-Nos preocupa también un aspecto relevante como investigadores:
la posibilidad de un todavía mayor retroceso en el acceso a los registros de
defunciones, en tanto constituye un medio básico para conocer la represión
durante la Guerra civil y la dictadura franquista (a sabiendas de que faltan
muchas, quizá la mayoría de las defunciones, por registrar).
11.-Hace años que el movimiento social por la memoria democrática
reivindica que el Estado, a través de una Comisión de la Verdad o una
iniciativa similar, ponga los medios necesarios para que, al menos, consten como
difuntos toda esa legión de víctimas de la vesania franquista que no aparecen
en los libros de defunciones o lo hacen como “cadáveres desconocidos”. Es
evidente que este tipo de minucias propias de historiadores, victimas o
familiares de víctimas estarán muy alejadas de las preocupaciones de los
registradores, pues ni siquiera ha merecido la atención de las autoridades competentes
hasta ahora.
12.-Y si el acceso a los libros de defunciones ya contaba con
suficientes trabas (ver la instrucción de la D. G. De Registros y
Notariado de 4/11/2008), no parece que la gestión privada de los registros vaya
a mejorar las cosas, ni mucho menos.
Zamora 21 de Julio
del 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario