lunes, 22 de octubre de 2012

Fuera el ministro de Educación e incultura (la suya)



 

MOCION DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA contra los recortes en educación y el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), pidiendo la dimisión del Ministro Wert

D.FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ, como portavoz del Grupo DE IU de lA Diputación de ZAMORA comparece y presenta a consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción sobre los recortes en educación y el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), pidiendo la dimisión del Ministro Wert.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan nuevamente el presupuesto destinado a educación, muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios (un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio), tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo de la media de la OCDE en inversión educativa.

 

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Se recorta en becas y ayudas al estudio (50 millones), en los programas de Compensatoria (un 68.5%), en los programas en Universidad (un 18,2%) y el 14,4% en la investigación científica, I+D+i. El programa Erasmus se recorta de 41 millones a 15 millones y los de atención al alumnado con necesidades especiales han desaparecido. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).

 

Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo cual revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

 

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentado recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley orgánica es una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de  igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

 

Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que las respalde. Se ha hecho sin contar con la comunidad educativa y con una simple consulta on line mínima y trucada, que se ha limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Se plantea sin financiación y tras los brutales recortes señalados anteriormente, que se añaden a los que ya se han hecho estos últimos años a nivel estatal y autonómico. En este contexto, se proclama cínicamente como primer objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién?

 

Este anteproyecto tiene un marcado enfoque mercantilista. El primer párrafo del anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca la ley, muestra claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

 

Es una reforma que nos retrae a épocas pasadas convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar. La aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y el fracaso escolar.

 

Es una reforma segregadora. Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación será “diferente a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo devaluado. Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo repetido algún curso, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar.

 

Es una reforma antidemocrática. Se merman las competencias del consejo escolar, quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda participación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una dirección unipersonal, nombrada por la Administración, cuya profesionalización como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su plantilla.

 

Es una reforma controladora y que desconfía de la capacidad de los profesionales de la educación. Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y se controla el currículo que se imparte mediante evaluaciones externas al final de cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.

 

Es una reforma que promueve la gestión empresarial de los centros públicos. Gestionando al profesorado como si fueran “peones” intercambiables, pudiéndose desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Pero sobre todo centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de una liga de fútbol se tratara. Además se incentivará a los centros, no ya en función de las mayores necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes” puedan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que más les convenga. 

 

Es una reforma privatizadora que incluye como parte del sistema educativo a los “agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

 

Los principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado.

 

Por ello, el Grupo IZQUIERDA UNIDA eleva al Pleno esta Moción proponiendo el siguiente acuerdo:

Instar al Gobierno de España para que, en vez de recortar en educación, destine un “rescate” similar a educación como está destinando a rescatar a los bancos y aumente el Presupuesto para Educación Pública en los PGE de 2013 a la media europea, 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.

 

Instar al Gobierno de España para que retire de forma inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) porque es una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.

 

Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.

 

Solicitar al Gobierno Central la dimisión del Ministro Wert que está desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor.

 

 

Fdo. Don FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ-

Diputado Provincial de Zamora por IUCyL

 

 

 

En Zamora a 22 de Octubre del 2012

 

 

 

 

De la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias.

 

Sr.  Presidente de la Diputación de ZAMORA

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